Estas personas no vienen de Marruecos si no que vienen del Sáhara Occidental, antes Sáhara español, la que fuera provincia española hasta la salida de España del territorio en 1976. Se trata pues, como dicen las Naciones Unidas de un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Es por eso por lo que estas personas no son marroquíes sino que son saharauis que buscan protección porque muchos de ellos y sus familias sufren acoso por su activismo en favor de la independencia del Sáhara Occidental a través de la celebración de un referéndum de autodeterminación que se le niega, donde puedan elegir que quieren ser como pueblo. Llevan así esperando desde 1976.
El Ministerio del interior ha ordenado varias órdenes de deportación de algunas de estas personas donde les espera un futuro incierto. Ha lanzado incluso un argumentario a la prensa para que dejen de hablar de deportaciones. Hasta su socio en el Gobierno de coalición ha utilizado este término para describir la actuación del Ejecutivo. El que sean originarias de un territorio no autónomo no es un tema menor; el ministro lo sabe y además lo sabe muy bien. Tanto es así que advirtió en el auto 40/2014 redactado como juez de la Audiencia Nacional que "España sigue siendo la Potencia Administradora del Territorio" y tiene la obligación de "dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso".
La mayoría de estas peticiones de protección internacional, concluyen en denegaciones sistemáticas del derecho de asilo que les asiste, en concordancia con las obligaciones internacionales que en esta materia tiene el Estado español. Es así por ejemplo el Art. 73 de la Carta de la ONU donde le impone, como potencia administradora del territorio que es, el deber de proteger al pueblo saharaui. Conculca también la Convención Ginebra sobre lo que respecta a personas perseguidas por sus ideas e inclusive también contraviene el Acuerdo España-Marruecos en materia devolución ya que como se ha citado esas personas ni son marroquíes ni proceden de ese país.
La situación es tan escandalosa que hasta Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se han manifestado en sendos comunicados contra la expulsión de estos activistas saharauis afirmando que los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, especialmente los activistas que defienden los derechos humanos, sufren constantes y graves violaciones a sus derechos. Informes de organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han confirmado estos abusos.
Sólo recordar que el Parlamento Europeo condenó en 2021 la utilización de menores por parte de Marruecos en la crisis diplomática de Ceuta cuando fomentó el cruce irregular de miles de personas, dando órdenes directas a sus guardas de fronteras para que no actuasen. Cuando en materia de Derechos Humanos se menciona a Marruecos como se dice coloquialmente “poca broma”.
Se debe exigir al Estado español que respete y garantice el principio de no devolución, asegurando que ninguna persona sea regresada a un territorio donde su vida o su libertad, y la de su familia, corren peligro.
Todo esto tiene que ver con la situación actual del Sáhara Occidental, donde sigue sin completarse el proceso de descolonización. Esto trae consecuencias para la población civil por la ocupación y colonización que todavía persisten, sin que se respete su derecho a decidir por sí mismos, algo fundamental en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Internacional de Derechos Humanos.
Por no hablar que todo esto obedece al cambio de postura aún sin explicar del Gobierno español con respecto al Sáhara Occidental, que sin duda tiene que ver con el espionaje realizado por Marruecos a los móviles de varios miembros de nuestro gobierno y de cuyo contenido quizás, ojalá, algún día nos enteremos. Y así definitivamente sepamos lo que le debe nuestro Gobierno a Marruecos.
Enrique Gómez es miembro de Um Draiga y autor del libro “Una mirada al Sáhara Occidental”.
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